En la actualidad la Administración pública está siendo profundamente trasformada por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, construyendo una nuevo modelo entre ésta y la ciudadanía. Apoyadas en la aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en cuyos artículos 38, 45, 46 y 59, principalmente, ofrecía un marco jurídico general de referencia para el impulso e incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.